La manzana de Newton

Terrorismo inmobiliario

Vi, escuché o leí, ni lo recuerdo siquiera (ya ven cómo tengo la cabeza) que el fisco iba a investigar (en serio, se entiende) el patrimonio inmobiliario de los contribuyentes.

No sé si será una medida intervencionista alumbrada al albur del control de confidencialidades y libertades decretadas en el marco de ese sintagma horroroso: La guerra contra el Terror.

Pero, en fin, estoy de acuerdo. Sí, soy intervencionista, ¿pasa algo? y caigo en la paradoja de que mientras abomino del control, repito, de las confidencialidades y libertades decretadas... (vayan a la frase antes mencionada), sí me gusta que un instrumento del Estado llamado administración y su hija la hacienda tributaria vayan al fondo del patrimonio inmobiliario de los contribuyentes, lo que también puede tomarse como una medida antihayekana. Y bien que está (gracias Álvarez-Uría, a mí sí me gustó tu artículo de EP, vilipendiado, por cierto en liberalismo.org... ¿pero estas criaturas dejan títere con cabeza,? bah, ¡ estos neos son insaciables!, insisto).

¿Por qué me gusta esta medida? ¿Por qué la apoyo si no me he detenido en la letra menuda? Simplemente porque creo de antemano que sirve para combatir el terrorismo inmobiliario que nuestro país viene padeciendo desde hace ya una década aproximadamente.

Basta con echar un vistazo a los indeseables casos de corrupción y blanqueo de dinero para ver cuál es el destino de tan inescrupulosas cantidades.

Basta con realizar un somero apéndice del patrimonio inmobiliario de sociedades fantasmas y de testaferros que han visto en el ladrillazo una fórmula idónea para enjuagar capitales.

Y, por supuesto, basta con ver el precio de los pisitos...

Por todo ello y mucho más, pido a la administración que intervenga. Y me gusta, porque el combate del fraude fortalece nuestro sistema democrático.

Sí, el terrorismo inmobiliario practicado por quienes han visto en el ladrillazo la forma más rápida y eficaz de lucrarse cueste lo que cueste, se engañe a quien se engañe, atenta contra la democracia. El fraude es uno de los instrumento más recurridos para vulnerar derechos y principios fundamentales.

No es cuestión ahora de investigar las seculares sospechas de que el terrorismo islamista está financiado por constructoras saudíes, americanas y alemanas, con tal de que no atenten contra sus intereses.

Como digo, son meras especulaciones, pero sí está comprobado que el ladrillazo ha servido de refugio para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, de la mafia o de la trata de blancas, todo ello en una espiral fraudulenta que nos provoca desasosiego.

El caso de Marbella es paradigmático, pero no el único. Lo de la Asamblea de Madrid fue todo un ejercicio de fraude aceptado bajo las argucias que deja el sistema, unas fallas que se justifican por el hecho de que la democracia es tan grande que acoge en su seno a quienes van contra ella.

El terrorismo inmobiliario debe empezar a combatirse y la única fórmula es el intervencionismo de la administración. Y propongo algunas medidas.

1) La antedicha fiscalización e investigación del fraude.

2) Recuperar competencias urbanísticas de ayuntamientos -y aún de comunidades, por ejemplo la gobernada por el paradigma del liberalismo político en España, doña Espe– que hagan del suelo un valor netamente comercial, sin tener en cuenta el interés público, lo que repercute negativamente en el precio final de la vivienda.

3) Impedir que las viviendas protegidas puedan venderse. Ni en 30 años.

4) Que la adquisición de una vivienda no tenga beneficios fiscales. Aquí sí que pagaremos justos por pecadores, pero insisto es necesario. Por el bien de todos. También de la democracia. No, no estoy delirando.

5) Que la administración haga un baremo metros cuadrados /precio. Es decir que, por decreto, se fije una horquilla de precios según superficie (el baremo incluye cantidades acordes con las calidades).

6) Que la Agencia del Alquiler funcione. ¡Y que lo haga bien, es fundamental para acabar con el latrocinio de cuello blanco!

7) Que los suelos del Estado enajenados se utilicen para viviendas de protección. No, como hizo Trillo, que vendía terrenos de Defensa a promotores privados.

8) Que poner un inmobiliaria –el papel de los intermediarios ha sido nefasto en todo este proceso de latrocinio– sea tan difícil como crear un banco o una compañía de seguros. Que se aumenten los requisitos, para que no veamos en todas las esquinas una tiendecita llamada inmobiliaria con sus cartelitos pegados en el cristal…¡ya tenemos bastante con los bancos y cajas!

9) Que se incentive y se promueva desde las administraciones públicas un amplia oferta de viviendas de protección, de modo que la oferta supere la demanda. No importa el endeudamiento público. Si es en pro de la igualdad, está justificado. En mi escala de valores, sí desde luego.

10) Cualquier medida que sus señorías propongan contra el terrorismo inmobiliario y sus consecuencias, verbigracia la descapitalización de las clases medias.

Referencias

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Comentarios

1. Se te olvida una, muy importante: Que la administración deje de contar con lo que gana con los pisos. No me refiero a la vía de venta de suelos, que ya la has contemplado. Me refiero a la vía de impuestos. ¿Te has dado cuenta que sin subir la tasa de IVA o transmisiones (7%), aumenta la recaudación por piso vendido, sólo por la subida del piso. Así, el estado recauda entre un 15 o un 20% mas anual en cada compraventa...
   El boom inmobiliario está financiando mucha de la actividad del estado. Pero de esto poca gente se da cuenta.

   Comentario de Fernando hace 4 años y 53 meses

2. Hola Bambino!
   
   Tienes razón. No obstante, te apunto que, desde una perspectiva intervencionista -apedillémosla socialdemocrata- el Estado no tendría inconveniente en renunciar a tan golosa vía recaudatoria si en ello le va el bien general.
   
   Del mismo modo, yo apostaría tb. por una subida de tipos moderada, con ciertos repuntes alcistas que crearan un poco de temor en ls mercados. ¿Objetivo? Que la vivienda, en tanto que cuasi servicio público y en tanto que principio fundamental contemplado en nuestra Constitución, deje de ser una inversión para convertirse en una necesidad básica , cuya provisión debe ser garantizada en la medida de los posible por el Estado.
   
   Lo que no es presentable es que las administraciones públicas sean sujetos especuladores.
   
   Salu2

   Comentario de jclavijo hace 4 años y 53 meses

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